¿Pueden definir la Xunta y Puertos del Estado el futuro de los muelles de A Coruña en un protocolo prescindiendo de la representación del Ayuntamiento? ¿Qué diferencias existen entre lo que exigió el Pleno municipal y el pacto bilateral con Puertos que anunció ayer el presidente autonómico? Estas son las piezas que encajan y que no encajan en el puzle portuario al que se sumó ayer Alberto Núñez Feijóo tras dos años de demandas por parte del Gobierno municipal, la Corporación y la movilización ciudadana y dos años de debate y tensiones con la Autoridad Portuaria y Puertos del Estado.

-¿Cómo se puede garantizar la titularidad pública de los terrenos? Hoy mismo, sobre el papel, esa titularidad no está garantizada ni lo estará con la firma del protocolo que anunció la Xunta. El futuro de los muelles se asienta en dos documentos. Primero, el convenio que firmaron Fomento y el Concello para construir el puerto exterior, recalificar los muelles interiores y después venderlos con el objetivo de hacer caja y pagar punta Langosteira [para la que el Puerto coruñés ha recibido préstamos por más de 320 millones]. El segundo documento es el plan general de 2013, que incorporó dicho convenio y fijó los criterios para construir en la zona. Grosso modo, en Batería y Calvo Sotelo se permiten oficinas y hoteles en bloques de hasta nueve alturas rodeados de zonas verdes; y en San Diego, terrenos con los que ingresaría más la Autoridad Portuaria, se planificó la construcción, en plena euforia inmobiliaria, de casi 5.000 viviendas al pie del barrio de Os Castros. Según el plan general, para concretar lo que se puede hacer en este litoral, hay que elaborar un Plan Especial de Transformación, para el que ya existe una propuesta marco encargada al urbanista Joan Busquets. Para garantizar la titularidad pública hay que ir modificando progresivamente los documentos, comenzando por la revisión de los convenios.

-¿El protocolo de la Xunta puede garantizar la titularidad pública de la Solana, Batería y Calvo Sotelo? Por sí solo, el preacuerdo no puede. Tiene que llevar aparejada la modificación del convenio y del planeamiento urbanístico. Sí puede parar la subasta de la Solana, una decisión que compete al Puerto.

-¿Qué competencias tiene cada administración? Núñez Feijóo reconoció ayer que la Xunta no tiene competencias directas. Todo desarrollo urbanístico en la ciudad debe ser planificado por el Concello y aprobado en Pleno, el Gobierno gallego solo puede decidir si la planificación municipal se adecúa a las leyes autonómicas. Sin acuerdo con el Concello, no se pueden recalificar los terrenos. Por su parte, la Autoridad Portuaria es un ente autónomo con un régimen particular porque depende de Puertos de Estado pero a su presidente lo nombra la Xunta. El propietario de los terrenos es la Autoridad Portuaria y esta depende de Puertos. Por tanto, mientras esos terrenos no se desafecten, cualquier decisión es de ellos. Solo cuando se pierdan esos usos portuarios se abren otro tipo de posiblidades: que pasen a manos de otras administraciones; que los gestione, urbanice y mantenga el Puerto directamente; o que se vendan.

-¿Cuál es la diferencia del anuncio de la Xunta de la idea municipal? La principal coincidencia es que Batería, Calvo Sotelo y la Solana han de ser públicos. La Xunta incorpora al acuerdo bilateral con Puertos del Estado esta demanda del Gobierno local, del Pleno municipal y de colectivos ciudadanos. Núñez Feijóo se circunscribe a estas tres zonas dejando fuera de la ecuación a San Diego. No ve urgencia en su planificación porque su liberación es más lejana, sobre todo con el tren a Langosteira en el aire. Sin embargo, es una zona objeto de polémica por concentrar los mayores derechos para edificar, casi cinco mil viviendas según el planeamiento en vigor. El Concello plantea, por el contrario, una "solución integral" para todo el litoral, de la Solana a San Diego, con un ente consorcial con participación de todas las administraciones. Núñez Feijóo avanzó que encargará un estudio para los muelles de Os Castros. El Concello ya ha encargado el suyo pero para toda la costa, un paso que aplaudió en redes sociales el grupo del PP coruñés, que había exigido al Gobierno local avanzar mientras se esperaba por Puertos. La Xunta desecha también la oferta de A Coruña para que la Solana sea de titularidad municipal. En todo caso, faltan por conocer los detalles del protocolo, puesto que Núñez Feijóo anunció la firma sin concretar los compromisos que van a adquirir los firmantes.

-¿Y la viabilidad de la Autoridad Portuaria? El Puerto ha defendido, desde que el Concello planteó la modificación de los convenios, que cualquier cambio debe garantizar ingresos para cumplir sus compromisos. El Pleno municipal, al tiempo que reclamaba la negociación por los muelles, solicitaba a Fomento sensibilidad con la elevada carga financiera de la Autoridad Portuaria. Planteaba, en primer lugar, una quita en la deuda con Fomento de 200 millones que tendrá que comenzar a pagar en 2021. También una alternativa para financiar el tren a Langosteira, que Puertos de Estado aboca a un nuevo préstamo, algo que el Puerto coruñés considera inasumible. En el anuncio de ayer, ni el presidente de Puertos del Estado ni el presidente del Gobierno gallego mencionaron estas dos posibilidades, limitándose a insistir en que hay que conjugar, sin sugerir cómo, "la estabilidad financiera" con un "aprovechamiento como patrimonio público para los vecinos".