CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alfonso Pérez Daza, miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), destacó la urgencia de adoptar procedimientos que garanticen la imparcialidad, autonomía e independencia judicial como punto de partida contra la corrupción. El consejero declaró lo anterior después de advertir que en materia de impartición de justicia existen poderes e intereses que buscan influir en la selección de jueces y magistrados a escala estatal. “La corrupción constituye uno de los mayores problemas que se enfrenta como sociedad, cuyos efectos impactan negativamente en la economía, incrementa la violencia, además de restar credibilidad y confianza en las instituciones públicas”, subrayó. Durante su participación en el foro “Reflexiones sobre el impacto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en los órganos jurisdiccionales”, Pérez Daza afirmó que uno de los mayores retos para los jueces es preservar intacta la independencia e imparcialidad de sus decisiones, “debiéndose mantener imperturbable ante el acecho de los influyentes que todo lo quieren resolver con dinero, o bien de las emociones fingidas o maximizadas de las partes, a efecto de influir en su ánimo”. De igual manera, sostuvo que la erradicación de prácticas ajenas a la función judicial está condicionada a la selección de los mejores jueces y magistrados mediante procesos claros y rigurosos que den certeza y confianza a la sociedad. El consejero recordó que a nivel federal la metodología implementada por el CJF desde 1994 es referente a los criterios de designación de juzgadores en un marco de transparencia y certidumbre institucional. Derivado de ello, agregó, el Comité Coordinador del SNA acordó incorporar, como recomendación no vinculante, el fortalecimiento de los procedimientos de designación de jueces y magistrados en las entidades federativas, tomando como base el procedimiento del CJF que preside el ministro Luis María Aguilar Morales. Esta recomendación está encaminada a hacer realidad el derecho de todo ciudadano a acceder a un tribunal totalmente independiente e imparcial, indicó. El también presidente de la Comisión de Adscripción del CJF dijo que, de acuerdo con principios y disposiciones de organismos internacionales, la independencia judicial es un derecho absoluto que no admite excepciones; por ello, apuntó, todo Estado debe garantizar normativamente que todas las instituciones públicas y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Finalmente, citó el acuerdo a la Convención de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señala que la lucha contra la corrupción debe entenderse como un proceso y como una política compuesta por medidas preventivas y represivas, nacionales e internacionales, y como una estrategia con responsabilidades compartidas: de los Estados, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional.