Valls aprueba por decreto la mayor y más contestada reforma de la legislatura

La reforma laboral, la más importante y la más contestada de la legislatura de François Hollande, quedará aprobada por decreto ante la falta de suficientes apoyos parlamentarios debido al anunciado voto negativo de decenas de diputados socialistas. El Gobierno ha echado mano de nuevo de un discutido resorte constitucional para detener su debate en la Asamblea Nacional y aprobar el proyecto sin votar las más de 5.000 enmiendas presentadas. Demuestra así una vez más su debilidad parlamentaria por la insalvable zanja abierta en las filas socialistas, lo que augura un tenso y complicado último año de mandato de Hollande y una clara inestabilidad del primer ministro, Manuel Valls.

"Tras los cambios introducidos, el texto es coherente, fruto de un compromiso", ha afirmado Valls en la Asamblea Nacional al anunciar su recurso al decreto. Para el jefe del Ejecutivo, el recurso a esta extraordinaria fórmula es la manera de mantener "el camino de las reformas en un momento importante", ha dicho, "para nuestro país y para nuestro modelo social porque Francia debe avanzar". Bruselas ha reclamado reiteradamente a París esa reforma laboral, frenada por "una minoría de bloqueo", como definió Valls al ala crítica de su grupo parlamentario.

Con semejante triple desplante -al Parlamento, a la calle y a sus críticos en el Partido Socialista-, Hollande y Valls dificultan en extremo la puesta en marcha nuevos proyectos en lo que queda de legislatura. Además, rompen definitivamente la posibilidad de lograr un frente de izquierdas ante las próximas elecciones del año que viene en un momento en el que, según todos los sondeos, el jefe del Estado menos querido por los franceses no pasaría a la segunda vuelta.

Los diputados socialistas rebeldes aseguran que nunca votarán una ley que facilite los despidos

Valls, que considera "absolutamente necesaria" para Francia esta reforma, ha anunciado este martes la extraordinaria medida tras fracasar horas antes en su último intento de pactar algunas modificaciones que planteó a una quincena de diputados rebeldes. Valls tampoco aceptó la “propuesta de compromiso” que le plantearon los rebeldes, ha dicho el jefe del ala crítica, Christian Paul. Los rebeldes, ha repetido Paul, no votarán “un texto que facilita los despidos” y que augura “un desempleo masivo” en Francia. Por el contrario, el jefe del grupo socialista, Bruno Le Roux, acusó a los críticos de querer "imponer" sus tesis pese a estar en minoría.

La extraordinaria decisión de Gobierno, el decretazo adoptado oficialmente tras un Consejo de Ministros convocado ad hoc, se produce cuando en las calles de todo el país se registran continuas protestas y manifestaciones contra esa reforma laboral, incluido el movimiento de indignados #Nuitdebout, que nació precisamente tras la gran movilización del 31 de marzo contra el proyecto de ley. La siguiente protesta está prevista para el próximo jueves.

El arma nuclear empleada ahora por el Ejecutivo está prevista en el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que dice: “El primer ministro puede, tras la deliberación del Consejo de Ministros, asumir la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre el voto de un proyecto de ley (...) En tal caso, el proyecto se considera aprobado, salvo si se vota una moción de censura en las siguientes 24 horas”.

La moción de censura ha sido presentada ya por la derecha y los centristas. Será debatida y votada el jueves. Si contara con una mayoría de diputados, la reforma laboral no quedaría aprobada, pero la moción tiene muy pocas opciones de salir adelante. Los diputados rebeldes han sido advertidos que serán expulsados del partido si la votan, pese a que algunos de ellos no lo descartan a la vez que califican de "brutal y antidemocrático" el recurso al decretazo. Jean-Luc Mélenchon, líder del Partido de Izquierda, ha pedido a los diputados progresistas que apoyen la censura.

Para la derecha y los centristas, lo ocurrido es "la historia de un naufragio", "el secuestro de Francia", la demostración de que "Hollande y Valls no gobiernan Francia, sino el psicodrama de su partido". "Inadmisible, una verdadera vergüenza" para la CGT, el principal sindicato del país que anuncia nuevas movilizaciones porque son "más necesarias que nunca". "Un gesto escandaloso, autoritario", para el ultraderechista Frente Nacional.

Es la segunda vez que el Gobierno socialista de Hollande acude a tan extraordinario mecanismo de discutible práctica democrática, como señalan los socialistas rebeldes. El año pasado, Valls lo utilizó también para sacar adelante la ley de liberalización económica, denominada Ley Macron por el apellido de su promotor y ministro de Economía, Emmanuel Macron.

Esa ley y el proyecto ahora aprobado por decreto, también conocido como ley Khomri, son las dos únicas reformas legales de cierto calado emprendidas por Hollande y las dos serán aplicadas gracias a ese extraordinario mecanismo de la Constitución francesa, pero no con apoyo parlamentario. Hollande también ha tenido que renunciar a su medida antiterrorista estrella, la retirada de nacionalidad a terroristas, por falta de apoyos. Esta debilidad se pone de relieve a solo un año de las elecciones presidenciales, fijadas para el 23 de abril y el 7 de mayo.

En el caso de la reforma laboral, el rechazo en el Parlamento y en la calle se ha mantenido pese a las cesiones acordadas por el Gobierno. Las reducciones en las indemnizaciones por despido, por ejemplo, pasaron de ser obligadas a ser consideradas una referencia para los tribunales laborales. Y los contratos temporales, anunció el Ejecutivo, serán penalizados con más impuestos para premiar los indefinidos, algo que ahora está en el alero.

El Gobierno, sin embargo, mantuvo dos principios rechazados de plano por los sindicatos: menos trabas para los despidos colectivos por problemas económicos y prioridad a los acuerdos en las empresas por encima de los sectoriales.

El golpe de autoridad del Gobierno coincide con la amenaza de los empresarios de romper las negociaciones con el Ejecutivo sobre sus aportaciones al seguro de paro debido a esas cesiones en la reforma laboral, cuyo texto originario solo era apoyado precisamente por la patronal y la derecha.