La crisis que ha estallado esta semana en la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Aragón, donde un amplio sector pide la dimisión del líder del sindicato en Teruel, Aurelio Palomares, está avivando otros fuegos que prenden en el seno de la central. El pasado miércoles, la sección sindical de la organización --que ejerce las funciones de un comité de empresa-- solicitó una reunión con el secretario general a nivel estatal, Cándido Méndez, y el tesorero, Antonio Retamino, para abordar la situación de impago de nóminas que sufre esta plantilla. Sus alrededor de 60 empleados en la comunidad llevan tres meses sin cobrar, una demora que se ha repetido ya en varias ocasiones.

La sección sindical informó de esta petición en una carta remitida el pasado jueves a los trabajadores de UGT Aragón. Según el escrito, al que ha tenido acceso este diario, los miembros del órgano requirieron verse con Méndez en la reunión que mantuvieron el miércoles con el técnico confederal de las relaciones económicas del sindicato. "Tras exponer nuestra precaria situación ha adquirido el compromiso de trasladar a la Comisión Ejecutiva Confederal nuestro problema y darnos una respuesta a lo largo de la próxima semana", se señala en la misiva.

La carta alude también a la controversia sobre Aurelio Palomares, al que el sindicato costea el alquiler de un piso en esa ciudad y otros gastos asociados (calefacción, teléfono, luz, agua) porque residir en Zaragoza, aún cuando su puesto de trabajo del que es liberado sindical está ubicado en la capital turolense. Por este caso, que FSP ha puesto sobre la palestra esta semana por considerarlo una prebenda, la sección sindical de UGT también solicitó una reunión "extraordinaria y urgente" con la Comisión Ejecutiva Regional, siempre según el contenido del escrito.

Tras esta petición, el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, y el de Organización, aclararon --dice la carta-- que los "gastos originados por el alojamiento" de Palomares en Teruel "fueron aprobados por toda la organización en el Congreso Regional".

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Los repetidos retrasos en los pagos de nóminas son consecuencia de los problemas económicos que viene arrastrando el sindicato a raíz de la crisis y la drástica reducción de ingresos provenientes de la Administración. Ni siquiera el ERE de extinción aplicado en el 2013, por el que fueron despedidos 37 trabajadores, ha permitido normalizar la tesorería de la organización.

Ningún representante de la plantilla de UGT Aragón quiso ayer hablar con este diario, pero fuentes internas pusieron de relieve la situación de tensión que se vive y el malestar por casos de "privilegio" como el de Palomares. "Hay miedo a perder el empleo como en cualquier otra empresa", señalaron.

Mientras, la batalla interna por el poder de FSP sigue su curso. Así, el sector alineado con la cúpula regional del sindicato está maniobrando para cesar a los críticos que controlan la ejecutiva de la federación.