Cuando un proveedor presta un servicio a una de las grandes empresas del Ibex, le toca esperar prácticamente medio año, de media, para cobrar. En concreto, 169 días como promedio. Éstos son al menos los cálculos reflejados en el estudio Los plazos de pago en las empresas cotizadas, elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

"En líneas generales, las empresas cotizadas pagaron en 2013 a sus proveedores en plazos superiores a los permitidos por la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad", señalan los autores del informe. Los plazos máximos establecidos por esta legislación fijan en 60 días el periodo máximo de tiempo de pago en el que pueden manejar las empresas. Así, la media de las grandes compañías triplicaría este límite.

A pesar de que las cifras muestran una tardanza muy por encima de la legalidad, también es cierto que los plazos de espera para cobrar se están reduciendo. Así, entre 2012 y 2013 el tiempo para recibir lo adeudado por una entidad del Ibex se redujo en un 7%, tal como muestran los datos recogidos por la PMcM. Y es que en 2012 la espera media era de 182 días.

Este problema, lejos de tener un alcance limitado, supone un agujero de miles de millones para miles de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y es que en su conjunto las empresas del selectivo español adeudan más de 47.375 millones de euros por servicios y productos adquiridos. Es decir, un montanto equivalente a entre el 4,5% y el 5% del PIB.

Mayor aún es el coste total del dinero que ya se ha pagado fuera de plazo. Tal como muestran las cifras de la PMcM, "si se tienen en cuenta los datos agregados del resto del mercado continuo, el importe de las facturas abonadas por encima de los plazos que marca la ley es de 68.179 millones", mientras que los intereses de demora alcanzarían los 1.965 millones de euros, explican.

Por sectores, los de la construcción e inmobiliario, así como el comercio y los servicios son los que más cantidad de pagos han suscrito por encima de los plazos de 60 días. En concreto, estos sectores sumaron más de 46.400 millones de euros fuera de plazo, por lo que se ahorraron en intereses (ya que la morosidad actúa como una financiación irregular gratuita) más de 1.381 millones de euros.

A la vista de los datos, desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad reclaman al Gobierno que implemente el régimen sancionador que se ha comprometido a aprobar. Éste consistiría en multas de hasta 900.000 euros para aquellas situaciones especialmente graves de incumplimiento en los pagos. "Las multas ejemplarizantes representan la única vía posible para combatir la morosidad", ha asegurado su presidente, Antoni Cañete.