La completa parcialidad de nuestro Tribunal Supremo en todo lo que se refiere a las instituciones financieras va a terminar por costarle un disgusto mucho mayor que los acostumbrados revolcones que está recibiendo hasta ahora. Y es que la torticera interpretación que está haciendo nuestro alto tribunal de la sentencia del TJUE en lo referente al IRPH podría ser la gota que colmara el vaso.
La Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN, ha denunciado ante las instituciones europeas al Reino de España y, en concreto, al Tribunal Supremo por la reiterada y sistemática vulneración de la Directiva europea 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos. El escrito cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania. La denuncia, que podría derivar en un procedimiento sancionador para nuestro país, intenta conseguir que el TJUE obligue al Supremo a revisar toda su doctrina.
La asociación solicita a las instituciones de la Unión Europea que realicen “las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente” a fin de garantizar que en nuestro país se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión y en concreto, el principio de transparencia en la contratación con los consumidores.
En concreto, pide “condenar al Reino de España a regular el principio de transparencia, su contenido y alcance en la contratación, en especial con consumidores”, siguiendo así las exigencias de la directiva europea. A suprimir de manera definitiva el índice de referencia IRPH, tanto de cajas como de entidades, dejando estos préstamos sin interés conforme admite el sistema legal español y a eliminar asimismo los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas.
La denuncia, presentada el día de ayer ante la Comisión Europea por vía telemática, puede conllevar igualmente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligue a la revisión de toda la doctrina del Supremo.
ASUFIN justifica en su denuncia, “con datos objetivos” que el Tribunal Supremo español “no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica”. Esta inseguridad jurídica ha provocado que los jueces nacionales se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019. Cuestiones que han llevado a corregir muchas veces el criterio del Tribunal Supremo lo que ha provocado que muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieran la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas.
Y es que sistemáticamente, el Tribunal Supremo no ha acogido pacíficamente la doctrina del TJUE manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores. La demanda aporta datos objetivos de las decisiones más lesivas: la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado, el IRPH y la falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para defender a clientes con inversiones de elevada cuantía, carácter especulativo o múltiples contrataciones, entre otras.
Asufin no es la única entidad que está procediendo contra el Tribunal Supremo por su política protectora de la Banca y el incumplimiento de las directivas comunitarias. La revuelta es general y la situación se complica a las togas y birretes del Supremo.
