CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los escándalos de corrupción que salpicaron a “altos funcionarios” del PRI, los intentos de espionaje gubernamental contra periodistas y activistas, el disparo en el número de asesinatos, y la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Interior marcaron el año 2017 y colocaron a México en la lista de los países “parcialmente libres”, de acuerdo con el informe anual de la organización Freedom House. En su apartado sobre México, la organización subrayó que, a partir de 2014, los escándalos de corrupción y los abusos contra los derechos “socavaron” la narrativa modernizadora que el gobierno de Enrique Peña Nieto empleó desde que asumió el poder, en 2012, y que en 2017 existieron “dudas crecientes sobre la voluntad del gobierno en combatir los escándalos de corrupción que implican a funcionarios de alto rango del PRI”. Con 12 periodistas asesinados en 2017, Freedom House aseveró que México tiene una prensa “no libre”, mientras que, en lo general, estimó que “la violencia perpetrada por organizaciones criminales, la corrupción entre funcionarios, los abusos contra los derechos humanos por actores estatales y no estatales, y la impunidad rampante forman parte de los numerosos desafíos más visibles en la gobernanza de México”. Respecto al escándalo que involucró el uso del programa espía Pegasus contra periodistas y activistas, mejor conocido como #GobiernoEspía, Freedom House deploró que “el gobierno reconoció la compra del spyware, pero rechazó los abusos específicos, y se negó a transparentar los contratos sobre su compra”. La organización observó que, a lo largo del año, los legisladores fueron “lentos” en implementar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que entró en vigor en julio pasado y todavía no tiene quién lo encabece. “El (ex)procurador Raúl Cervantes –un aliado del gobierno—renunció en octubre, en medio de acusaciones de la oposición y de grupos de la sociedad civil de que no era imparcial”, subrayó la organización, financiada en mayor parte por el gobierno de Estados Unidos. Y recordó que, semanas después de la renuncia de Cervantes, fue destituido Santiago Nieto al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), después de denunciar presiones por parte de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex señalado por exdirectivos de la empresa brasileña Odebrecht por cobrar sobornos millonarios.