Foto: Ernesto Álvarez

Una ley sancionada el último día del período legislativo habilita maniobras de las fuerzas del Ejército mexicano en cuestiones de seguridad interior. Sin control de la justicia ni de autoridades civiles, y con aval para mantener en secreto las operaciones, pueden actuar en una amplia y vaga gama de casos. “El 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años”, escribe Eliana Gilet para lavaca.org desde Ciudad de México. “La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando y blanqueando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sume a México en la peor crisis de su historia”.

Gracias a una aprobación fast track de quince días, que terminó el último día del período legislativo de este año -15 de Diciembre-, México se militarizó por medio de una ley que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior, por encima de las autoridades civiles, sin control previo o posterior, ya que también clasifica de Seguridad Nacional toda la información que se genere en sus operativos.

La ley – que tiene 75 páginas de justificación y 30 de articulado – fue producto del lobby castrense: el 20 de Noviembre, el Secretario de Defensa, el General Salvador Cienfuegos, salió públicamente a reclamar al Congreso la urgente aprobación de la Ley de Seguridad Interior que según sus palabras “obliga y da orden y sentido a las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano”. Cienfuegos afirmó luego que los militares “entienden el valor de la subordinación irrestricta al poder civil”, aunque la norma por la que bregaba estableció exactamente lo contrario: es la derrota del control civil ante la pesada bota militar.

A pesar de que la Constitución mexicana indica que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil y que en tiempos de paz los militares están restringidos a tareas que tengan que ver con su disciplina, la ley aprobada les entrega el control mediante el uso del ambiguo concepto de “seguridad interior”.

Aunque la ley dice que los militares no se ocuparán de la seguridad “pública”, las tareas que describe para la seguridad “interior” coinciden: son las de policía y Ministerio Público. Además de detener gente, las Fuerzas Armadas investigarán los delitos y harán tareas de espionaje, sin estar suscritos al control de la justicia. Sus acciones podrán tener una duración indefinida porque aunque la ley prevé que las “declaraciones de afectación a la seguridad interior” – que es el nombre del mecanismo creado para la intervención militar – duren un año y puedan renovarse de manera indefinida.

Autonomía armada

El mecanismo creado para la intervención militar se acciona a pedido de las autoridades locales que se vean rebasadas o por la sola decisión del Presidente, quien pasa la batuta a los Secretarios de Defensa (Cienfuegos) y al de Marina (Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz) que a su vez designarán un comandante de las Fuerzas Armadas que funcionará como interventor por sobre los gobiernos estatales y municipales. Ningún civil, lógicamente, podrá desarrollar esa tarea ni incidir en la elección del encargado. La movida saca del panorama al Presidente de la República, quien queda excluido de la línea de mando.

Les da esta potestad para intervenir en territorios que sufran desastres naturales, epidemias “y demás contingencias que afecten la salubridad en general”; además de poder asumir esas funciones cuando actúen en la “prevención de riesgos” que determinan el Programa de Seguridad Nacional, que es público y la Agenda Nacional de Riesgos, que no. En ambos tiene un papel clave el CISEN, que es el centro de inteligencia, por medio del Consejo de Seguridad que creó la Ley de Seguridad Nacional, del año 2004.

Esa ley anterior convirtió al crimen organizado en un tema de seguridad nacional, reafirmando la predominancia de los militares en este tema; porque quien los sacó a la calle fue la Suprema Corte de Justicia. En 1996, la Corte interpretó que los militares estaban a la mano del presidente para combatir el crimen organizado, y permitió así que quedara firme la Ley Federal de Crimen Organizado, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Así se militarizó la frontera norte, como en el caso de Coahuila.

En la Ley de Seguridad Interior que acaba de aprobarse, se vuelve permanente y “con coordinación militar” aquello que en las anteriores era excepcional y auxiliar a las autoridades civiles.

Tampoco se establece ningún mecanismo de rendición de cuentas, más que la circulación de la información a nivel del Ejecutivo: entre el Presidente, la Secretaría de Gobernación y el Consejo de Seguridad Nacional. El Congreso está excluido del mecanismo.

Toda la información que se genere durante estas actuaciones tiene carácter de “Seguridad Nacional”, dificultando aún más su obtención y difusión. Más importante es que en los hechos esto invalida la Ley General de Desaparición Forzada que se aprobó un mes antes, ya que obturará el acceso a la justicia en los casos en que militares cometan violaciones graves a los derechos humanos, que se han generalizado en el país.

Todos, desde las instancias internacionales de la CIDH y de la ONU, como las Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de oenegés y un colectivo ciudadano llamado Seguridad Sin Guerra, levantaron la voz para denunciar la embestida que la ley significa. Muchos de los partidos políticos con presencia parlamentaria vieron en estas movidas castrenses, intenciones electorales de una campaña que empezó casi al mismo tiempo en que la ley se trataba en el Congreso.

Sin embargo, a pesar de lo que significa una ley como ésta, no ha habido grandes movilizaciones en rechazo, en los dos casos en que los colectivos ciudadanos convocaron a marchar. Algunos de los más viejos reclamaban que la falta de pibes de menos de 25 años se debía a que no les interesa nada; también es posible entender que ya hay una generación que creció con ellos y no imagina la vida sin los militares en cada esquina, en las patrullas de policía, en los retenes y custodiando las escuelas.

Mucho se debe a que los medios han obviado el tema o lo han tratado únicamente con el discurso oficial, que dice que esta es una ley garantista para brindar “seguridad jurídica” a los ciudadanos. Salvo por el gran trabajo que han periodistas independientes, como Carmen Aristegui, que transmite por internet luego de que fue despedida de la cadena MVS tras una cobertura periodística, la información dependería únicamente de las oenegés de derechos humanos que denunciaron.

Que es una ley que garantiza la impunidad militar, dijeron, que normaliza el estado de excepción que se instaló en México hace veinte años, y que abrió un proceso mediante el que, poco a poco, los verdes se erigieron como los únicos que pueden contra el “monstruo” de la delincuencia organizada. Para el momento en que se declaró la guerra de Felipe Calderón, a fines de 2006, México vivía uno de los momentos con menor tasa homicidios de su historia. No había crisis de seguridad ni ola de violencia que justificara, según publicó el Instituto Belisario Domínguez del propio Senado, “que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados de la República entre 2006 y 2007.”

Diez años después de despliegue militar, cuando 27 de los 32 estados ya están militarizados “temporalmente”, el 2017 va a terminar como el más violento, siempre según los homicidios, en los últimos veinte años. La ley de seguridad interior responde al incremento de la violencia, a los 34 mil desaparecidos y ya muchos más de 100 mil asesinados, perpetuando la presencia militar en las calles. La misma que disparó la violencia y sumió a México en la peor crisis de su historia.