La Diputación coruñesa descarta reeditar un convenio con el Concello como el que ha financiado la reforma de Balaídos, con una inversión cercana a los treinta millones de euros a partes iguales. "Lo que haga la Diputación de Pontevedra no obliga en ninguna circunstancia a la de A Coruña, es evidente que esos once millones [que puso en Balaídos] se retrajeron de otros concellos para ir a parar a uno", concluye el responsable provincial de Deportes, José García Liñares, sobre una decisión que la entidad, gobernada por el PSOE y el BNG, no prevé repetir en la provincia. El grupo del PP en la Diputación tampoco cree que se deba aportar dinero para la cubierta puesto que, alega, el Concello tiene recursos financieros suficientes.
Fue el presidente del Deportivo, Tino Fernández, en el que instó esta semana al Concello a presentar el proyecto en la Diputación y otras entidades para lograr financiación. Tanto García Liñares como el concejal de Deportes, José Manuel Sande, confirmaron ayer que esta posibilidad fue hablada durante una reunión hace dos meses. Sande no encontró muy receptivo a su homólogo provincial y el primero señala que fue una propuesta informal al final de la reunión y que le respondió al edil que no tomaría ninguna decisión hasta conocer el proyecto.
¿Qué alternativas ofrece García Liñares (PSOE) al Concello? Explica que el Ayuntamiento tendrá que invertir en Riazor, si es su deseo, su asignación anual del Pago Único, una nueva forma de proceder de la Diputación por la cual otorga una cantidad de dinero anual a cada ayuntamiento basándose en una serie de criterios objetivos, como la dispersión de la población y la carga fiscal, lo que favorece a concellos pequeños. Cada municipio decide lo que hace con él, desde gasto social a inversión en obras.
La asignación del Ayuntamiento para 2017, según figura en la web de la Diputación, es de 512.711,12 euros (aumentable con remanentes a lo largo del año). El proyecto que ha previsto hacer el Ayuntamiento es de más de siete millones. "A A Coruña le corresponde un dinero como a los demás y a partir de ahí el concello es soberano para invertirlo en lo que quiera, si en ese momento destinásemos una parte más o menos importante al Ayuntamiento, mermaría en los demás", sentencia. Matiza que "todo en la vida es planteable, se puede calcular cuánto le va a corresponder en los próximos años y se puede hacer un adelanto, si es que lo necesita, porque estamos hablando de un ayuntamiento con capacidad financiera".
El BNG, que forma parte del Gobierno, también alude a la "autonomía" de los concellos para invertir ese Pago Único asignado pero matiza que A Coruña tiene 244 millones de euros de presupuesto y la Diputación 175,5 a repartir entre 93 municipios, algunos "con urgencias y necesidades en servicios". El PP, en la oposición, tampoco lo ve con buenos ojos. Insta al Dépor a que le pida lo que le tenga que pedir al Concello y aseguran "que A Coruña tiene dinero y debe ejecutar el proyecto sin buscar excusas".
Sobre acortar plazos
El edil de Deportes, José Manuel Sande, respondió tras una rueda de prensa a las declaraciones de Tino Fernández en una entrevista en la que le proponía asumir los trabajos a través de una fórmula como un convenio, en el que el club canalizase la financiación municipal de siete millones de euros "acortando" los plazos que imponen las leyes administrativas. Sande indicó que esta cuestión está en manos de la asesoría jurídica y que la tratarán el próximo miércoles en una reunión con el club. Quiere, con este encuentro, hablar de forma directa "y no a través de intermediarios o de envíos de mensajes" porque "por responsabilidad la interlocución debe ejercerse en persona". "La idea es analizar [con el Dépor] toda la información disponible, las posibilidades y alternativas que podamos barajar y terminar esta especie de folletín", manifestó Sande.
Los primeros análisis legales del Concello no dan muchas posibilidades a la alternativa que propuso el directivo deportivista. La Ley de Contratos del Sector Público, explican en una nota, establece que se deben aplicar las mismas normas que la contratación pública (y por lo tanto los plazos) "aunque la obra la contrate una entidad privada", si esta supera los cinco millones y está "totalmente subvencionada por una administración pública" [el Concello habla de invertir más de siete millones]. Lo indican sus artículos 13 y 17, en el que se alude específicamente a la construcción de cubiertas y estructuras de, entre otros, centros deportivos. La ley fija esta norma para evitar la contratación de altas cantidades sin concurrencia competitiva, es decir, para garantizar que puedan participar todas las empresas en igualdad de condiciones. Por otro lado, advierten de que una subvención directa a una administración pública a una Sociedad Anónima Deportiva podría considerarse "una ayuda de Estado".
Sande insiste en que su compromiso es "claro" con la promesa de una inversión "abrumadora" de más de siete millones, "muy próximo al total del área de Deportes y tres veces más de la propuesta inicial" de reparación que hizo el PP. Avanza que la fórmula de la financiación podría obligar a modificar las condiciones que rigen la gestión del estadio de Riazor.
